Cuando el gobierno anunció esta semana una reducción en la cifra de desaparecidos, muchos mexicanos como Irma Orgen, quien tuvo que asumir la búsqueda de su padre ante la inacción de las autoridades, temieron por la suerte de los casos de sus familiares.

Sus temores se consumaron cuando al revisar una plataforma digital de búsqueda creada por la organización local Data Cívica con los diferentes listados de desaparecidos que existen en el país, encontró que su padre Marco Antonio Orgen no figura en ningún registro oficial desde 2017 a pesar de que su caso fue reportado ante las autoridades locales y federales.

“Siento que mi papá está siendo parte de esos desaparecidos que quieren ser desaparecidos”, dijo Orgen a The Associated Press, quien desconoce las razones por las cuales su padre fue borrado de los registros oficiales.

El suyo no es un caso aislado. El estudio de Data Cívica, que comparó las dos versiones publicadas en agosto pasado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) con la nueva versión de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que lanzó el gobierno en diciembre, detectó que faltan 10 mil 953 nombres.

El hallazgo activó las alertas de algunas asociaciones humanitarias locales y familiares de personas desaparecidas que exigieron al gobierno preservar los diferentes registros que hay en el país, e instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada a actuar para proteger los datos de los miles de mexicanos que aún no han sido localizados.

“Tendremos que hacer y apoyar alguna acción colectiva que respalde los derechos de nuestros desaparecidos. No pueden borrarlos nada más así porque si”, afirmó la activista Jacqueline Palmeros, quien busca a su hija desaparecida desde hace casi cuatro años.

Palmeros, quien integra un colectivo de madres buscadoras de la capital mexicana, expresó que de no lograr una respuesta favorable de las instituciones mexicanas, “definitivamente se pensaría en una instancia internacional”.

A los reclamos se sumó el activista Raymundo Ramos, presidente de la organización no gubernamental local Comité Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien exhortó a la CIDH y las diferentes dependencias de la ONU a pronunciarse sobre las denuncias de eliminación de nombres de desaparecidos y convocar a las autoridades mexicanas a una reunión para tratar el tema.

Las autoridades mexicanas no han ofrecido hasta el momento una respuesta al reporte presentado por Data Cívica.

La decisión que tomó el año pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de realizar un nuevo censo de personas desaparecidas alentó un mar de críticas y dudas en torno a los diferentes registros que hay en el país.

Los cuestionamientos se intensificaron esta semana luego que el gobierno presentó un nuevo balance y metodología de registro que redujo la cifra de desaparecidos de casi 111 mil el año pasado a 99 mil 729.

Al explicar la merma, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirmó que el ajuste se debió a que las personas localizadas y así registradas fueron más de 5 mil 500 desde agosto a marzo, lo que llevó la cifra total de personas encontradas por formalizar sobre los 15 mil.

Mientras el gobierno habla de una reducción en las cifras, en el RNPDNO publicado el miércoles en la página de la gubernamental Comisión Nacional de Búsqueda indica que hay 115 mil personas desaparecidas y no localizadas.

El gobierno aún no ha aclarado si el nuevo balance se compaginará en algún momento con el RNPDNO, aunque Alcalde descartó el martes que se busque “rasurar” el padrón de víctimas. La funcionaria atribuyó los ataques a una “manipulación de los medios”.

En un intento por apoyar a los familiares de personas desaparecidas ante la confusión que hay con los diferentes registros, Data Cívica —una organización civil dedicada al estudio y recopilación de datos para la defensa de los derechos humanos— presentó el martes una plataforma digital que permite consultar y rastrear el estatus de búsqueda de una persona desaparecida.

Según su directora, Mónica Meltis, la investigación permitió identificar las inconsistencias en los registros de personas desaparecidas en México que develan la “falta de trazabilidad, transparencia y metodologías claras”, así como la ausencia de participación de las familias en esos procesos.

El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los cárteles que emprendió el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.

El problema tuvo su mayor expresión en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

Casi nueve años y medio después no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.

En las últimas semanas, los padres de los jóvenes y sus abogados han intensificado las críticas contra el gobierno, al que han acusan de no cumplir el compromiso de resolver el caso, pero el presidente López Obrador ha desestimado los cuestionamientos.