“Todavía, cuando había un asunto así de este tipo (en referencia al de Emilio Lozoya, quien seguirá su proceso en prisión domiciliaria), nosotros -respetuosamente- interveníamos”, de descaró el Presidente López Obrador en la mañanera del 21 de febrero.
Dijo, sin el menor recato, más bien hasta con cierto orgullo, que él hablaba directamente con el entonces Ministro Presidente Arturo Zaldívar para pedirle, con todo respeto, se comunicara con los jueces que llevan ciertos casos, para que tuvieran cuidado y no liberaran a los acusados de algunos procesos judiciales que interesaban al Presidente, por posibles errores cometidos en la integración de las carpetas de investigación.
Así retuvieron encarcelada de manera ilegal a Rosario Robles durante tres años, cuando le fabricaron una licencia falsa con domicilio diferente, para dictarle la prisión preventiva oficiosa, con el ridículo argumento de que podría evadirse de la justicia, siendo que ella regresó de España a enfrentar esa acusación. La intervención del Presidente violó el derecho de Rosario Robles de llevar su juicio en libertad.
Si el escenario fuera diferente y Andrés Manuel López estuviera aun liderando la oposición política, ya habría incendiado las redes sociales y convocado a mítines para denunciar a quien estuviese como mandatario, exigiendo un inmediato juicio político, además de acudir a los tribunales internacionales para denunciar la ilegal intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera del Poder Judicial, para influir en las sentencias que emitan Jueces y Magistrados.
Acusar a la Ministra Presidenta Norma Piña de dar licencia para robar a los jueces, porque ella respeta la independencia y autonomía que la ley les otorga, es otro desacierto del Presidente López Obrador. Por eso, recalca el mandatario, es necesario que sean elegidos por voto popular; como si con ese simple hecho, se transformarían en jueces perfectos, eruditos e incorruptibles. ¿Cuántos ladrones han sido electos por el voto popular y en lugar de volverse impolutos e intachables aprovechan el cargo para enriquecerse aún más?
La separación de poderes es un principio fundamental en cualquier democracia. En nuestro país queda claro que la línea que separaba, en el pasado reciente, el poder ejecutivo del judicial era difusa, con un presidente que interfería en el funcionamiento autónomo del sistema judicial.
Juristas prestigiados han señalado que la intromisión en el Poder Judicial erosiona la independencia de este último, la que es vital para garantizar que se administre justicia de manera imparcial y sin influencias políticas.
Cuando desde el poder se ejerce presión sobre los jueces o intenta controlar las decisiones judiciales, se socava la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del sistema judicial, además de politizar el sistema de impartición de justicia, colocando en una situación de alto riesgo el Estado de Derecho, deslegitimando al sistema judicial y debilitando el respeto por las instituciones democráticas.
Al concentrar en manos del Ejecutivo un excesivo poder, se debilitan los controles y contrapesos que son fundamentales en cualquier sistema democrático y se resquebraja la credibilidad y la reputación internacional del país.
Por ello, el próximo 2 de junio tenemos que salir a votar por quien represente un mejor futuro para México y para las instituciones democráticas que dan poder a los ciudadanos y que en este sexenio las han debilitado con un fin perverso de destruirlas y centralizar todo el poder en una sola persona.
Ya sabemos cómo le ha ido a la población de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por citar algunos casos de países gobernados por dictadores quienes primero se proclamaron salvadores de la Patria. Son países que se están quedando solos, sin empresarios que inviertan, sin familias que prefieren migrar en busca de un mejor porvenir para los suyos.
