Redacción-The Washington Post
Por Scott Higham , Sari Horwitz , Steven Rich y Meryl Kornfield 13 de septiembre de 2019
Los documentos recién revelados en un caso civil histórico en Cleveland proporcionan pistas sobre uno de los misterios más perdurables de la epidemia de opioides: ¿cómo pudieron las compañías farmacéuticas debilitar el arma policial más poderosa del gobierno federal en el punto álgido de la crisis?
La industria reclutó a miembros del Congreso para limitar los poderes de la Administración de Control de Drogas. Ideó "tácticas" para hacer retroceder a la agencia. Y encargó un "Libro de jugadas de crisis" para pulir su imagen y culpar al gobierno federal por no hacer lo suficiente para detener la epidemia.
La nueva información está surgiendo a través de los esfuerzos de los abogados en la demanda federal masiva contra dos docenas de compañías farmacéuticas en Cleveland que han obtenido declaraciones de funcionarios de la compañía de alto rango, correos electrónicos internos de la compañía y notas confidenciales. Los documentos fueron revelados en julio después de una pelea legal de un año por The Washington Post y el propietario del Charleston Gazette-Mail en West Virginia.
En 2016, las compañías farmacéuticas convencieron a los miembros del Congreso y a los funcionarios de la administración de Obama de controlar a la DEA y obligar a la agencia a tratarlos como "socios" en los esfuerzos por resolver la crisis. El mayor logro de las compañías fue una legislación conocida como el "proyecto de ley Marino", que lleva el nombre de su patrocinador original, que frenó la capacidad de la DEA de suspender inmediatamente las operaciones de las compañías farmacéuticas que no cumplieron con la ley.
The Post ha investigado dos veces las batallas de la industria con la DEA, primero en 2016 y nuevamente en 2017 con "60 Minutes". Pero la historia completa nunca se ha contado porque muy pocas de las personas involucradas hablarán al respecto. La lista de personas que se han negado a ser entrevistadas incluye al ex congresista Tom Marino (R-Pa.), Quien primero propuso el proyecto de ley; Chuck Rosenberg, ex administrador interino de la DEA, cuya agencia se rindió a la presión; la ex fiscal general Loretta E. Lynch, cuyo departamento no se interpuso en el camino de la legislación; y, finalmente, el entonces presidente Barack Obama, quien lo convirtió en ley
La demanda, presentada en nombre de más de 2,000 ciudades, pueblos y condados en un tribunal federal en Cleveland, busca responsabilizar a la industria por la epidemia de opioides. Los abogados de los demandantes están llevando a cabo su caso civil en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influentes de Racketeer, una ley creada para atacar a organizaciones criminales
"Los acusados ​​llevaron a cabo su estrategia coordinada para debilitar las capacidades de aplicación de la DEA en parte a través del proyecto de ley Marino", afirma una presentación de los abogados de los demandantes en el caso.
Los abogados de las compañías farmacéuticas han ridiculizado el argumento de RICO y le pidieron al juez federal de distrito Dan Polster que desestime el caso antes de que se dirija a juicio, programado para el 21 de octubre.
"Los demandantes no tienen evidencia de que los Distribuidores asociados con los Fabricantes o entre sí, como parte de una unidad continua, con el 'propósito común de participar en un curso de conducta ilegal'", escribieron los abogados de las compañías farmacéuticas en su moción para desestimar, lo cual fue denegado. por Polster el 10 de septiembre.
En una declaración a The Post, la Healthcare Distribution Alliance, la asociación que representa a los distribuidores de drogas, defendió su apoyo al proyecto de ley Marino, formalmente conocido como la Ley de Aseguramiento del Acceso del Paciente y la Aplicación Efectiva de Drogas.
