El conglomerado brasileño Odebrecht SA solicitó protección por bancarrota, con el objetivo de reestructurar pasivos por 51,000 millones de reales (13,000 millones de dólares), en lo que sería una de las mayores reestructuraciones de deuda en la corte en América Latina.

La declaración de bancarrota se produce tras años de complicaciones para Odebrecht, el grupo de ingeniería atrapado por una amplia investigación por corrupción que se extendió por Latinoamérica.

En un comunicado, la compañía afirmó que la protección por bancarrota era la mejor forma de concluir con su reestructuración de deuda, cuando los acreedores buscan incautar los activos comprometidos como garantía para préstamos impagos.

En el plan de recuperación, como legalmente se denomina al proceso de renegociación de deuda, están considerados el holding Odebrecht, algunos sub holding como OSP, Servicios y Participaciones, International Corporation, así como algunas controladoras.

La reestructuración no incluye al productor petroquímico Braskem SA, a la filial de azúcar y etanol Atvos Agroindustrial Participacoes SA, a la unidad de construcción Odebrecht Engenharia e Construcao (OEC), a la petrolera Ocyan, la naviera Enseada, a Odebrecht Transport o homebuilder Incorporadora OR.

Los principales acreedores del conglomerado son los prestamistas estatales Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y BNDES, así como los privados Banco Bradesco SA, Itaú Unibanco Holding SA y Banco Santander Brasil SA.

El grupo fue asesorado por la compañía de reestructuración financiera RK Partners y la firma de abogados E. Munhoz Advogados.

Durante sus administraciones presidenciales, Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff impulsaron a Odebrecht como un consorcio multinacional que controló múltiples negocios sobre todo en América Latina, en sectores como la construcción, el gas y el petróleo.

En sus operaciones incurrió en ilícitos como el soborno para la adjudicación de contratos, y la sobrefacturación, descubierta en la construcción del estadio Corinthians, que posteriormente derivó en investigaciones por corrupción, el denominado caso Lava Jato, en 2014.

Además de la detención y juicio a algunos de sus ejecutivos, el resultado fue el freno a nuevos proyectos, crecientes deudas con acreedores, y la investigación emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra a 12 países de África y América.