ARTICULO DE FONDO

Michael Greenberger, ex director de Comercio y Mercados de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC por siglas en inglés) puso al descubierto el “resquicio” que tiene la Ley Dodd-Frank que ha permitido que crezca de nuevo la burbuja de las Permutas ante incumplimiento crediticio (CDS por siglas en inglés) hasta llegar a más de $10 billones de dólares globalmente. (La cifra está muy lejos de los más de $60 billones que alcanzaron antes del crack del 2007, pero que sin embargo es ya lo suficientemente grande como para derribar al sistema si hubiera una cadena de insolvencias con las deudas pendientes).

 El resquicio lo proporciona un pie de página que permite que las entidades extranjeras afiliadas a los bancos estadounidenses comerciaran CDS sin tener el capital y otros requisitos que ordena la Dodd- Frank. Por lo tanto cuatro bancos estadounidenses (Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase y Goldman Sachs) manejan el 90% del comercio de CDS.

 Todo lo que tenían que hacer esos bancos era instruir a sus subsidiarias extranjeras que marcaran la casilla de contratos de CDS diciendo que el acuerdo “no fue garantizado” por el banco matriz.

 La CFTC ha sabido esto desde hace por lo menos tres años, pero no ha hecho nada al respecto, dijo Greenberger en un informe para el Instituto para un Nuevo Pensamiento Económico.

 Quizá esta es una oportunidad para la Glass-Steagall, destaca Greenberger: “Hay importantes declaraciones desde el Congreso de parte de personas que son abiertos proponentes de debilitar la Dodd-Frank, en donde se muestra una fuerte aversión política a desregulaciones financieras promulgadas por el Congreso que relajen los requisitos reglamentarios para las sociedades de inversiones más grandes de los bancos estadounidenses; y cualquier legislación que avanzara para derogar las regulaciones sobre Permutas de la Dodd-Frank pudiera también formar parte de un esfuerzo legislativo bipartidista para reinstaurar una Glass-Steagall ‘moderna’ en un formato en donde se forzaría a los bancos con depósitos garantizados federalmente a que dejaran o recortaran sustancialmente la comercialización de las permutas especulativas”.

 Sin embargo, incluso ahora los fiscales y los reguladores de los estados podrían “hacer cumplir la Dodd-Frank a nombre de los ciudadanos del estado”.