CIUDAD DE MEXICO - La Iniciativa Mérida, la estrategia de cooperación contra el crimen organizado entre México y Estados Unidos pactada entre los expresidentes Felipe Calderón y George W. Bush en 2008, quedó virtualmente sepultada luego que los dos países anunciaron un rediseño de este esquema.
Sólo en los primeros 5 años, bajo este plan, Washington canalizó a México para enfrentar a las bandas delincuenciales más de 2,3.000 millones de dólares de fondos asignados por el Congreso.
En un encuentro de alto nivel entre funcionarios de seguridad de los dos países, realizado ayer en la sede de la Cancillería mexicana, se acordó un "nuevo enfoque" en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El coloquio incluyó la participación de los ministros mexicanos de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Ricardo Trevila y el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio.
De parte de Estados Unidos, intervino el director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad del Departamento de Estado, el viceprocurador general adjunto, Bruce Swartz, y la jefe de gabinete de la angencia antidrogas (DEA), Amanda Liskamm.
Según fuentes oficiales mexicanas, bajo el nuevo programa, se pretende superar el "enfoque limitado" de la persecución de grupos del crimen organizado y el apoyo de Estados Unidos a México en equipo, tecnología y capacitación para las corporaciones de seguridad mexicanas.
Ahora, el nuevo modelo pretende poner énfasis en el "congelamiento de los recursos financieros" de los llamados "cárteles", el control de armas y la transferencia de recursos para el desarrollo social en las zonas de mayor influencia de los cárteles.
De acuerdo con testigos, citados por analistas mexicanos, la reunión se desarrolló "en muy buenos términos y permitió restablecer los canales de comunicación y confianza" entre ambos países.
La colaboración bilateral en materia de seguridad se vio afectada por recientes episodios como el arresto en octubre pasado del exministro de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos cuando llegaba con su familia a pasar unos días de descanso a California.
El gobierno mexicano acusó al estadounidense de no haber alertado a tiempo sobre esta detención, que generó un fuerte impacto en las filas de las Fuerzas Armadas mexicanas, protagonistas en la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra las bandas criminales.
Cienfuegos fue liberado un mes después de su detención luego que la Fiscalía General de Estados Unidos decidió levantar cargos de narcotráfico en su contra, tras acusarlo de recibir sobornos de una pequeña organización que operaba en el occidental estado de Nayarit vinculada a los hermanos Beltrán Leyva.
Uno de los miembros de la delegación mexicana que participó en la reunión señaló que se convino con la contraparte estadounidense en "construir una visión común que no sólo incluya el tema de la seguridad".
Roberto Velasco, director para América del norte de la Cancillería, señaló que uno de los ejes de la nueva estrategia es disminuir el tráfico de armas y de drogas, así como "atender las adicciones como problema de salud pública" y el lavado de dinero en ambos lados de la frontera.
"Vamos a trabajar para establecer nuevas bases de entendimiento que den pie a un esquema basado en la inteligencia contra el modelo de negocios del crimen organizado", señaló Velasco.
La embajada de Estados Unidos señaló que como resultado de este coloquio "se acordaron vías de colaboración para eliminar la violencia, reducir el flujo y el consumo de drogas ilegales así como mermar a los grupos del crimen transnacional".
México enfrenta la peor crisis de violencia en casi un siglo, iniciada a fines de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la llamada "guerra contra los cárteles" con apoyo de las Fuerzas Armadas, que arroja hasta ahora al menos 350.000 muertos y 77.000 desaparecidos.
