• El proyecto es inviable frente a un mercado energético global de intensa competencia y fragilidad.

Al declarar desierto el concurso para la licitación abierta del proceso de construcción y puesta en operación de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se inicia la cuenta regresiva para declarar la pérdida de la calificación crediticia de Pemex y se eleva el riesgo de que la economía de México entre en recesión.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí en poco más de cinco meses del nuevo gobierno? No han sido pocos los proyectos estratégicos en los que la decisión presidencial, de último momento, va a contrapelo de la opinión de decenas de expertos, entidades públicas y organismos internacionales y confunde a la opinión pública más extendida y diversa.

Es tan absurda, caprichosa y riesgosa la decisión presidencial de encargar el proyecto de refinería a la Secretaría de Energía y a Pemex –encabezadas por dos inexpertos funcionarios, contrapuestos públicamente en innumerables ocasiones– que es momento de plantearse con seriedad qué hacer para evitar que esta forma autocrática e irresponsable de gobernar conduzca a la nación a una crisis en la que todos los mexicanos que tributamos vamos a pagar las consecuencias como ya sucedió con el costo por cancelar el NAIM.

El Instituto Mexicano del Petróleo, ejemplo de probidad, profesionalismo y nacionalismo, sostuvo desde hace tiempo que la refinería de Dos Bocas no debe llevarse a cabo porque es técnica, operativa y financieramente inviable. Las empresas más calificadas del mundo, convocadas al concurso por el propio gobierno, han sostenido que esa refinería no se puede construir ni con ese presupuesto ni en tal plazo.

Desde el ángulo financiero, sostienen Citibanamex y Moody’s: Dos Bocas va a costar 12 mil millones de dólares, 50% más de lo previsto por López Obrador. Desde la perspectiva ambiental, el Instituto de Biología de la UNAM afirma que “la zona se va a convertir en un pantano enorme” en vista de la destrucción de 230 hectáreas de manglar, selvas y cultivos y la segura contaminación de la laguna de Mecoacán, fuente de alimentos y trabajo de centenas de lugareños.

Esta manera de decidir del Ejecutivo federal, pertrechada en una fraseología popular que oculta la carencia de datos y argumentos, nos sitúa frente a serios cuestionamientos ante un poder presidencial que actúa sin límites en un Estado social y democrático de derecho y en una economía mixta, abierta y altamente competitiva.

El proyecto es inviable frente a un mercado energético global de intensa competencia y fragilidad, inmerso en conflictos regionales, y un mundo desarrollado que vira hacia las economías bajas en emisiones de carbón, las energías renovables y la agenda de cambio climático.

Ante el aislado clamor de organizaciones como la Coparmex y el IMCO, que exhortan al Ejecutivo federal a reconsiderar su decisión, cabe preguntar: ¿dónde están los otros agentes productivos y los actores sociales y políticos en estas horas críticas? ¿Dónde está el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, encabezado por el controvertido jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo? ¿Dónde están las secretarías de Economía y de Hacienda? ¿Qué dicen las comisiones de energía en las cámaras del Congreso? El Ejecutivo federal y su gabinete están reduciendo a México al triste papel de “país bananero” que hace décadas jugaron las economías de enclave, condenadas a la dependencia, la pobreza y el subdesarrollo. Evitemos el golpe de realidad y sus consecuencias antes de que sea demasiado tarde.