El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, cuestionó la decisión de miles de reservistas de suspender su servicio en protesta por el avance de la reforma judicial impulsada por el Gobierno y advirtió que sin un Ejército "fuerte y unido" Israel podría dejar de existir.

"Incluso si hay diferencias, la unidad es un valor sagrado", señaló Halevi en una carta enviada a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).  "El servicio en las FDI es tanto un deber como un gran privilegio, ya sea en servicio activo o en las fuerzas de reserva. Si no tenemos una fuerza de defensa fuerte y unida, si los mejores de Israel no sirven en las FDI, ya no podremos existir como país en la región", agregó la misiva, que enfatizó que "ningún miembro del servicio tiene derecho a decir que ya no prestará servicio ni tiene derecho a no presentarse al servicio o rechazar una orden".

Si bien no se refirió al debate interno y a las masivas protestas en Israel en torno a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, Halevi instó a los reservistas a "separar las protestas civiles de la prestación de servicios a las fuerzas de seguridad".

Las declaraciones del jefe del Ejército coinciden con el comienzo del debate en el Parlamento de una ley clave de la reforma, que se prevé sea aprobada mañana (24.07.2023) ante un fuerte movimiento de protesta.

Uno de los pilares del movimiento de protesta son los reservistas del Ejército, que anunciaron que no prestarían servicio hasta que el Gobierno no suspenda los trámites legislativos de la reforma. En total, más de 10.000 reservistas -incluidos expertos en inteligencia, ciberguerra y miembros de unidades de élite- han expresado su intención de no presentarse voluntarios a servicio, según informó el grupo "Hermanos en armas", que aglutina a los reservistas que protestan contra de la reforma.

La polémica ley en cuestión eliminaría la doctrina de la razonabilidad, que aún permite al Supremo revisar y revocar decisiones y nombramientos gubernamentales que considere no razonables. Su aprobación marcaría el primer gran paso de una reforma judicial que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.