La guerra legal (law fare) es el instrumento que diseñaron las agencias de inteligencia que antes daban los golpes de estado en América Latina y otras partes del mundo (CIA, National Endowement for Democracy y su “proyecto Democracia”, CNN la agencia de noticias ejecutora, el FBI etc);  como el arma con la cual derrocar a los gobiernos opositores a los designios neo colonialistas (globalización)  de los centros financieros de Londres y Nueva York sin recurrir a las armas. Se trata del montaje de un “caso legal” o “caso judicial” contra algún gobernante, que aunque no tenga sustento, permite llevar a este a un juicio y en el proceso se le destituye o, si es un ex presidente que busca la reelección, impedir que lo haga, no importa que al final, las acusaciones o cargos resulten sin sustento.  En México, el presidente AMLO a logrado capotear el primer intento, en donde el equipo de Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola  --seguramente con la ayuda de agencias como el FBI en EU --, localizaron una casa rentada por José Ramón López Beltrán, hijo del presidente AMLO, y su esposa; casa propiedad de un es funcionario de la empresa petrolera Baker Huges.  La acusación no tenia sustento, no probaba el “CONFLICTO DE INTERES” o “tráfico de influencias”  y por eso no la llevaron ante autoridades para iniciar una investigación. Sin embargo, el golpe tuvo su efecto al poner en duda, en algunos sectores, la honestidad del presidente AMLO y su integridad moral. Eso se buscaba,  pero también montar el “caso legal”, cosa que no pudieron. Ahora quizá recurran al INAI y la postura de este organismo en el sentido de que los funcionarios de gobierno no deben exponer cuestiones personales o intimas de ningún ciudadano, como hizo el presidente al dar a conocer los pagos que ciertas empresas le hacen a Loret de Mola por su periodismo “golpista” en este caso, o difamador como en el caso del montaje  contra la francesa Florence Casses, hace algunos años. 

En América Latina, en el 2016 la presidente Dilma Rousseff fue destituida por la acusación de haber cometido un “delito fiscal”; el de haber usado recursos del presupuesto, asignados a una cierta área, en beneficio de programas sociales. Según la acusación, ella violo la ley de responsabilidades fiscales y la Ley del Impeachment;  que en ese país penaliza con destitución cualquier falla administrativa.  En base a esta acusación, que no era de fraude, ni de robo ni mucho menos de una violación a la ley, Dilma fue destituida el 31 de agosto de ese año.  Paralelamente, se montaron una serie de acusaciones contra el ex presidente Ignacio Lula da Silva, vinculándolo al escándalo Petrobras- Odebrecht  y la operación “Lava Jato”  (Lava Coches) del juez  Sergio Moro y coordinada, desde afuera,  por el FBI ;  y haciéndole cargos como “corrupción pasiva”, “tráfico de influencias”  y , sobre todo, de haber recibido como soborno dos departamento “triplex”, uno frente a las playas de Sao Paulo y el otro en Atibaisa. Lula fue encarcelado en abril del 2018, justo cuando se perfilaba como el más seguro ganador de las elecciones presidenciales de octubre de ese año que ganaría Jair Bolsonaro, un defensor abierto del neo liberalismo, la dictadura militar etc.  Después, ya que Bolsonaro estaba en el poder, Lula fue liberado en nov. Del 2019 “para seguir el proceso en libertad” como debió haber sido, y en marzo de 2021, la suprema corte anula los cargos contra Lula, diciendo que el juez que lo encarcelo “no tenía competencia” en el asunto. 

En el caso de Cristina Kirchner se realizo una operación similar a cargo también de un juez adversario suyo. Claudio Bonadio, quien le acuso de 6 “delitos” diferentes, tales como: “administración fraudulenta”, de ser jefa de una “asociación ilícita”; “lavado de activos”; “envió de diarios en aviones oficiales”; “operaciones con dólares a futuros” etc. y sobre todo, de haber favorecido con contratos de gobierno al empresario  Lázaro Báez de Santa Cruz, el estado bastión político de los Kirchner. Delitos supuestamente cometidos entre 2003 y 2008.  El pasado 15 de febrero el presidente Alberto Fernández compareció ante el juez de la causa ya que como jefe de gabinete del gobierno de Cristina, tenia injerencia en el asunto. Fernández ya solo respondió a una de las acusaciones pues las otras 5 ya habían sido invalidadas, después de que fueron usadas para disminuir la influencia de Cristina en el kirchnerismo y ayudar, años antes, el triunfo de Mauricio Macri en la elección presidencial anterior.   Si revisamos las acusaciones contra Rafael Correa en Ecuador, veremos que el patrón se repite. Es la guerra legal (law fare), que consiste en montar un caso legal, con cualquier suposición o teoría, para, ya sea destituir a un gobernante, o golpear y debilitar políticamente  a cualquier líder y su movimiento político.  En el caso de México, la guerra sucia ( o “guerra hibrida” ) que ejercen , día con día, los medios nacionales (El Universal, Reforma Milenio, Televisa, Latinus etc);  e internacionales ( con The Financial Times y The New York Times, en primer lugar)  contra el presidente AMLO,  necesita de ese “caso legal” para concretarse y están tratando de convertir la mera calumnia o suposición sobre su hijo José Ramón López Obrador en un momento donde el presidente avanza hacia una reforma eléctrica contra la farsa de las “energías renovables” y el saqueo de las trasnacionales en el sector; las elecciones estatales de este año donde Morena se perfila para ganar la mayor parte de las gubernaturas; la inauguración del Aeropuerto de Santa Lucia y la Refinería Olmeca en Dos Bocas Tabasco; además de los triunfos obtenidos en la recaudación de impuestos haciendo pagar a los grandes consorcios lo que nunca habían pagado.  Esta guerra sucia se enfrentara, a diferencia de los casos de Dilma, Lula o Crstina K.; a una base social obradorista muy activa Y EN MOVILIZACION PERMANENTE, debido a esa capacidad única que tiene el presidente AMLO, reconocida por todos, incluso sus adversarios; de mantener en movilización, discusión y acciones, a esa enorme base social, día con día. Sus adversarios no tienen base social o si la tiene es muy reducida. Sus propuestas son “inconfesables”, pues tendrían que proponer privatizaciones, recortes al gasto público, sacrificios laborales, entrega de los recursos naturales etc.  La batalla esta cantada. Veremos qué pasa.