Por violación al debido proceso, uso indebido de la fuerza, tortura y dilación en la investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió cuatro recomendaciones dirigidas a autoridades estatales y municipales.

La primera derivó de la falta de atención, seguimiento, trámite y resolución de una queja presentada por un padre de familia ante la Secretaría de Educación del Estado, quien denunció hechos cometidos en perjuicio de su hijo, por parte de personal de un Jardín de Niños. A la fecha todavía no se ha tenido conocimiento de la emisión de la resolución que haya resuelto la queja planteada.

Por lo anterior, la Presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, informó que en esta  recomendación 26/2017 se determinó se resuelva la queja planteada por la víctima y se giren las instrucciones pertinentes al personal de la Dirección Jurídica y Órgano de Control Interno, para que se implementen las medidas necesarias a efecto de que se elimine la práctica de dilación en los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite y/o se inicien en lo sucesivo, a fin de evitar la impunidad.

Velasco Becerra detalló que en la recomendación 27/2017,  dirigida al Presidente Municipal de San Pedro Garza García, se acreditó el uso indebido de la fuerza, cometido por policías municipales en contra de una persona que tras cometer una falta administrativa se le solicitó documentos de su vehículo y luego de una discusión, lo esposaron para posteriormente golpearlo entre varios elementos. Como consecuencia de las agresiones que recibió, presentó una fractura en su rodilla izquierda, lesión que no fue considerada en su ingreso a las celdas municipales, percatándose después de horas de su condición,  por lo que fue trasladado a un hospital para una intervención quirúrgica.

Recomendándose brindar el tratamiento médico y psicológico que requiera la víctima; Iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que trasgredió los derechos humanos de la víctima; Colaborar en todo lo necesario;  con el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación con motivo de la denuncia de hechos que realizó la víctima en contra de la policía municipal; se reitera la implementación de protocolos y/o directrices en materia del empleo de la fuerza y de las armas de fuego, en los que se regulen la actuación de la policía municipal, en razón de haberse requerido a través de la recomendación 16/2017, y que a la fecha no se ha dado cumplimiento; así como presentar una estrategia de educación y capacitación o formación en materia de ética policial y derechos humanos, con énfasis en empleo de la fuerza y de las armas de fuego y trato digno.

La titular de la CEDHNL señaló que en la recomendación 28/2017, dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado de N.L., se acreditaron actos de tortura ejecutados por policías de Fuerza Civil en perjuicio de  un menor de edad,  a quien a través de choques eléctricos le causaron quemaduras que posteriormente le ocasionaron la muerte.

“Una vecina del lugar donde se cometió la agresión física, solicitó  auxilio médico al ver las quemaduras que presentaba la víctima, quien fue  trasladado a un hospital de la localidad y 12 días después perdió la vida a consecuencia de las quemaduras que presentó en más del 38% de la superficie de su cuerpo”, expuso.

Actualmente, uno de los policías de Fuerza Civil, enfrente un procedimiento penal por el delito de homicidio calificado y se  encuentra detenido en un Centro penitenciario del Estado.

En este caso, la Comisión Estatal también confirmó que hubo empleo desproporcionado e indebido de la fuerza  y en consecuencia, recomendó otorgar la compensación económica correspondiente por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la presente trasgresión; brindar  tratamiento y acompañamiento psicológico especializado que requiera la familia; iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa al personal de Fuerza Civil, que trasgredió los derechos humanos de la víctima; Además, se dará vista de la presente recomendación, en vía de denuncia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, para la investigación correspondiente.

También se reitera la implementación de protocolos y/o directrices en materia del empleo de la fuerza y de las armas de fuego, en los que se regulen la actuación del personal policial de Fuerza Civil, en razón de haberse requerido a través de la recomendación 03/2017, ya que a la fecha no se ha dado cumplimiento; y presentar una estrategia de educación y capacitación o formación en materia de ética policial y derechos humanos.

La última recomendación identificada con el número 29/2017, fue dirigida al Procurador General de Justicia en el Estado, por haberse acreditado dentro de un expediente de queja, el retardo injustificado en la integración y determinación de la carpeta de investigación lo que constituye dilación en la procuración de justicia.

En dicho expediente  se  comprobó que personal de una Agencia del Ministerio Público fue omisa en investigar los hechos en que falleciera una persona.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2016, cuando el hijo de la peticionaria,  quien a bordo de una  motocicleta transitaba por calles de la colonia La Encarnación del municipio de Apodaca, quien chocó con un vehículo taxi y murió en el accidente, mientras el conductor huyó del lugar.

Cabe destacar, que es mismo día se inició la denuncia con el parte presentado por un oficial de tránsito. En la indagatoria se advirtieron períodos de inactividad, de los cuales se dedujo que de los catorce meses que tiene integrándose la carpeta de investigación, únicamente en tres de ellos hay actuaciones por parte de la autoridad investigadora.

Tampoco se dio seguimiento a la orden girada al Detective de la Agencia Estatal de Investigaciones, para que elementos a su mando se abocaran a la búsqueda de testigos, cámaras y datos para la identificación de la persona imputada.

Por ello, la Comisión recomendó integrar la carpeta de investigación de forma exhaustiva hasta lograr su legal conclusión; proporcionando a la parte ofendida la intervención que legalmente le corresponda; iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa contra personal de la Agencia del Ministerio Público, que haya participado en la integración de la carpeta de investigación, porque no actuaron con debida diligencia; Capacitar en materia de derechos humanos al personal de esa Procuraduría, en la que se incluyan temas relativos al respeto de los derechos de la víctima o de la persona ofendida, con relación a la investigación eficaz y debido proceso, debida diligencia en el desarrollo de la investigación de la carpeta y colaborar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en atención al reconocimiento y garantía de los derechos de la víctima de violaciones de derechos humanos.