Ante la inquietud de los servidores públicos de que se suscite un problema de índole social derivado del sistema de jubilación de ISSSTELEí“N, la Comisión Estatal de Derechos Humanos refiere que de acuerdo a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, todas las personas tienen el derecho al uso y el goce de sus bienes sin ser privadas de éstos, por lo que es fundamental garantizar este derecho a las y los trabajadores del Estado.
En este sentido, es una obligación la entrega del saldo total de la cuenta para la jubilación mediante retiros programados o en forma de renta mensual vitalicia cuando se cumplan los supuestos de la ley de ISSSTELEí“N, de lo contrario se pudiera incurrir en una violación al derecho a la propiedad.
De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibir una pensión es un derecho adquirido de conformidad con la ley y por ende es incorporado al patrimonio de las personas, por lo que no puede ser privado o coartado. Desde el momento en que un pensionista paga sus contribuciones a un fondo de pensiones y deja de prestar servicios a la institución concernida para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, adquiere el derecho a que su pensión se rija en los términos y condiciones previstas en dicha ley.
La CEDH hace un llamado al Estado a evaluar las adecuaciones necesarias para que a las y los trabajadores afiliados a este sistema de pensiones les sea garantizado el goce de sus contribuciones salariales, ya que constituyen parte de su patrimonial personal.
