Por  una constancia médica  que presentaron sus abogados este viernes, Julián Hernández se libró de una nueva imputación que el Estado le realizaría  por el desvío de 34 millones de pesos que se les descontaron a los trabajadores durante la administración de Margarita Arellanes.

Por ello,  la audiencia que estaba prevista para este día a las 11:00 horas  se pospusiera para el próximo 23 de enero.

Los abogados presentaron el certificado médico de una cirugía oftalmológica lo que le imposibilitaba asistir al exfuncionario  a la audiencia de imputación.

A Hernández se le intenta vincular por el delito contra el patrimonio estatal o de los municipios,  un  desvío de 34.5 millones de pesos, dineros que se les había deducido a los burócratas  durante la administración  municipales en el 2015.

El Ministerio Público aseguró que en la próxima  audiencia  presentará un nuevo testigo, que trabajaba en el  departamento de auditoría para que detalle sobre los recursos que fueron redireccionados a una cuenta revolvente para perder su rastro.