A mes  y medio de que entre la nueva legislatura en Nuevo León una de sus próximas diputadas se mantiene bajo amparo, acusada de operaciones ilícitas y terrorismo además de que sus cuentas y la de los Cendis que fundó en 1990 siguen congeladas por la PGR.

 El diputado local  electo del PT  Asael Sepúlveda espera que pronto se arregle la situación de la maestra Guadalupe Rodríguez de Anaya, quien también asumirá una curul el 31 de agosto.

 El pasado domingo concluyó la entrega de las constancias que acreditan a los nuevos legisladores fecha en la que tampoco acudió la directora de los Cendis a recoger su constancia.

 Rodríguez de Anaya se encuentra con amparo y desde octubre del año pasado que no se ha dejado ver a la luz pública  cuando encabezó  una de las  últimas marchas en su defensa,   esto porque la PGR la ha señalado como responsable de desviar recursos de los Centros de Desarrollo Infantil , operación ilícita y  terrorismo además de mantener aún  congeladas las cuentas.

  “Simplemente se congelaron por una sospecha sin fundamento”.

 Sepúlveda enfatizó que la PGR emprendió la persecución sin razón dejando a un lado casos importantes como el de Pemex y otros  de funcionarios  de Nuevo León que no han sido tocados   ”ni con el pétalo de un citatorio”.

 La  maestra a promovido a publicado en estos últimos cinco días escritos en los que explica la  persecución de la que ha sido objeto  y el estatus de los Centros de desarrollo Infantil. Este último lo tituló “no hay delito que perseguir”.

Te presentamos algunos  fragmentos del texto:

No hay ningún delito que perseguir

Lupita Rodríguez Martínez

Con motivo de la ceremonia de entrega de la constancia como diputada plurinominal electa para integrar la LXXV Legislatura del Poder Legislativo de Nuevo León, que la Comisión Estatal Electoral llevó a cabo el pasado jueves 12 de julio, me permití difundir el siguiente comunicado:

A la Opinión Pública:

Los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular “Tierra y Libertad” (los Cendis) fueron fundados en 1990 y desde 1994 reciben una Aportación Federal aprobada cada año por la Cámara de Diputados y por el Congreso del Estado…

 El manejo de los recursos es revisado cada trimestre por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, por la Auditoría Superior de la Federación y por la Auditoria Superior del Estado. En más 24 años de ser auditados, los Cendis no han recibido observación alguna por irregularidad contable, ni se le ha fincado ninguna responsabilidad administrativa.

 Sin embargo, el 10 de agosto del 2017, la SHCP remitió a la PGR denuncia de hechos contra su servidora y/o quienes resulten responsables por el delito de ¡operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo!

 Es importante destacar que siendo Gobernador Interino de Nuevo León, el Lic. Manuel González Flores públicamente informó que no se detectaron irregularidades en el manejo de recursos de los Cendis durante las diferentes auditorías realizadas en esta administración, por lo cual declaró que “no hay de qué perdonarlos. No han sido culpados de absolutamente nada” (El Norte 05/Abr/18).

 Resulta claro que la PGR desató una persecución política, sin ningún fundamento legal, por el sólo hecho de pensar y actuar políticamente diferente al PRI-Gobierno. Todo a consecuencia de la decisión del PT de apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México…

 Más temprano que tarde, la PGR tendrá que desbloquear y reintegrar los 80 millones de pesos que le aseguraron a los Cendis en agosto del 2107, al haberse ejercido 20 millones de enero a julio del 2017 en salarios, alimentos y gastos de operación, cantidad auditada en los dos primeros trimestres de ese año sin presentar reportes de irregularidades.

 No hay ningún delito que perseguir. Esa es la conclusión y quien quiera más claridad que indague.