26/Apr/2024
Editoriales

Los Grandes Gobernadores de Nuevo León. Eduardo A. Elizondo, tercera parte

En los dos textos anteriores resumimos la carrera profesional y política de Eduardo A. Elizondo. Su paso por la Tesorería General del Estado, por la Rectoría de la Universidad de Nuevo León, y su campaña para ser Gobernador del Estado en las elecciones del 3 de julio de 1967. Explicamos que le tocó gobernar en una época de cambios sociales y políticos, como los nacimientos del bipartidismo en Nuevo León, el voto diferenciado, y las nuevas inquietudes juveniles de carácter internacional.

 

Cómo sorteó la crisis económica y pudo construir grandes obras para agua y drenaje sanitario, colectores principales del drenaje pluvial, carreteras en las zonas rurales del estado, y las ampliaciones de las calles Juárez y Cuauhtémoc de Monterrey. El puente Guadalupe, y el Arco Vial o libramiento de Monterrey entre las carreteras de Saltillo a Nuevo Laredo. En esta última obra sucedió esta anécdota: supervisaba personalmente Elizondo los avances –como acostumbraba-, cuando chocó su auto contra un montón de grava y se quebró un pie. Su obra pública recibió reconocimiento de tirios y troyanos, y apuntamos el inicio de la crisis universitaria reflejada en recurrentes cambios de Rector, que pronto se convirtió en una crisis política que cimbró al Estado.

 

La nueva Ley Orgánica Universitaria y la Asamblea Popular

El 26 de marzo de 1971, siendo rector de la Universidad de Nuevo León el ingeniero Héctor Ulises Leal, el Congreso del Estado emitió una Ley Orgánica de la Universidad. En ella se contemplaba una amplia autonomía universitaria en materia académica y democrática, con excepción de los nombramientos del Rector y del Tesorero, quienes debían ser votados por un órgano colegiado que se creaba llamado Asamblea Popular de Gobierno Universitario. Esta asamblea tenía además entre sus atribuciones distribuir y vigilar el uso de los recursos económicos. 

 

En cinco días el Congreso nombró a la Asamblea Popular, y esta nombraría al Rector y al tesorero. Una vez electo el Rector convocaría a elecciones de los directores de las diversas facultades y escuelas universitarias.

 

La mencionada asamblea se integraba de: 10 representantes de obreros y empleados;

4 representantes de las ligas agrarias; Un representante del patronato pro laboratorios y talleres de la UANL; 8 representantes de los medios de comunicación;

3 representantes de alumnos; 3 representantes de profesores de la UANL; Un representante de la industria; Un representante de los comerciantes; Un representante del Congreso local; y 4 representantes de profesionistas organizados.

 

Claramente esta Asamblea Popular era autoría del gobernador Eduardo A. Elizondo quien se había forjado en la iniciativa privada, pues tenía la misma lógica de los consejos de administración de las grandes empresas de Monterrey. Partía del principio de que quienes aportaban recursos los vigilaban y nombraban al administrador. Pero no había antecedentes similares en otras universidades ni la Ley Orgánica Universitaria contaba con el aval del Gobierno Federal. Sin embargo, el presidente Luis Echeverría dejó que se desarrollara este experimento. 

 

La oposición estudiantil a la “Ley Elizondo”

Pero inmediatamente alumnos, maestros y trabajadores de la Universidad rechazaron la ley, bautizando a la Asamblea Popular, como “asamblea populachera”. El 29 de marzo de 1971 se reunió el Consejo Universitario, anterior órgano supremo de la Universidad, para discutir la nueva ley y se aprobó por 55 votos a favor y 8 abstenciones oponerse a la “Ley Elizondo”, ampararse contra ella e irse a huelga. El amparo de marras versó sobre la pérdida de autonomía, reducción de la participación estudiantil en los órganos de gobierno, y el menoscabo en las facultades de la Rectoría.

 

Otra de las determinaciones del Consejo Universitario fue la conformación de “Comités de Lucha” formados por dos representantes de cada una de las escuelas y facultades, con clara influencia de los Comités de Huelga de la UNAM. La función de estos comités era regular la entrada de personas a la rectoría y al Aula Magna.

 

El jaloneo interno en la Universidad por ocupar la Rectoría

El Congreso del Estado, en los primeros días de abril de 1971, integró la Asamblea Popular, y ésta nombró rector el 12 de abril al médico y coronel Arnulfo Treviño Garza, algo que fue manejado por sus opositores como si pronto la Universidad sería ocupada militarmente. El consejo universitario y los comités de lucha ocuparon las instalaciones de la Universidad y el rector Treviño Garza no pudo instalarse en ellas, por lo que despachaba desde su oficina particular y enviaba sus sueldos a los trabajadores universitarios.

 

Las acciones de las partes en conflicto subían el tono de sus declaraciones y de inmediato tomaban medidas respondiendo a lo que hacía su contraparte. El 11 de mayo se realizó una gran marcha por las calles de Monterrey convocada por el ingeniero Ulises Leal, el Consejo Universitario depuesto por la nueva ley, los comités de lucha, y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad -STUANL-, pidiendo que se derogara la “Ley Elizondo”. 

 

En respuesta el rector Arnulfo Treviño designó directores de escuelas y facultades en las últimas semanas de abril y primeras de mayo de 1971. Pero la reacción tanto de estudiantes como de maestros fue rechazarlos, en algunos casos hasta violentamente. A estas alturas de la crisis, sólo funcionaban con relativa normalidad las facultades de Leyes, Comercio, Mecánica y la Escuela Pablo Livas.

 

El escándalo ya era nacional. El presidente Echeverría recibió por separado a los dos bandos el 6 de mayo, y su postura fue de neutralidad. LEA estaba “tocado” por el conflicto estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco, así que declaró que no violentaría ni la soberanía de Nuevo León, ni la autonomía de la UANL. El gobernador Elizondo reaccionó apareciendo el 11 de mayo de 1971 en un programa de televisión local explicando las bondades de la ley. Pero no le fue tan bien como solía suceder. La parte de la sociedad que permanecía indiferente al problema, vio a un gobernante distinto al que respetaba y admiraba, poco conciliador y en tono autoritario.

 

La pérdida del amparo descompone más a la Universidad

Y al día siguiente, el juez segundo de Distrito negó el amparo a los miembros del antiguo Consejo Universitario, declarándose nula la rectoría de Ulises Leal desde la promulgación de la Ley en el Periódico Oficial del Estado –el 27 de marzo de 1971-, y legal la del médico Arnulfo Treviño. Esto se entendió como la cancelación del proyecto de autonomía y la Universidad entró a un proceso acelerado de descomposición. El 18 de mayo algunos maestros y alumnos quisieron regresar a clases para no perder el semestre, pero sus compañeros huelguistas los golpearon.  

 

El radicalismo de algunos estudiantes y la infiltración de agitadores externos en torno a algo llamado “dimensión estudiantil, grupo 13b-1” subió aún más el tono de los reclamos. Y la respuesta oficial fue que el día último de marzo ya no se les pagó sueldo a trabajadores y maestros. Además, el Gobernador advirtió el 19 de mayo que el estado podía hacer uso de la fuerza: “Y de lo que ocurra serán responsables quienes conducen esos grupos violentos, cuya postura consiste en un monólogo de insultos y calumnias y a una incitación constante a la violencia contra las leyes”.

 

Entra la policía a la Universidad y detiene a los líderes del movimiento

El 21 de mayo se lanzó el ultimátum: “si para el lunes a las 10:00 horas no vuelven a sus actividades los trabajadores y maestros universitarios, serán despedidos...” y después se aplicarán “medidas contra los estudiantes rebeldes”. Acto seguido, el 22 de mayo entre las 2:00 y las 3:45 horas, las fuerzas policiacas tomaron sin mayor resistencia los edificios de las preparatorias 1 y 3, y la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Se detuvo al rector depuesto Ulises Leal, al líder del STUANL Fabián Navarro y unos 120 estudiantes, decomisándose armas, municiones, navajas, cuchillos y bombas molotov.

 

Una vez desalojado el Comité de Lucha, Arnulfo Treviño por fin ocupó la rectoría el 24 de mayo de 1971, pero el problema no terminó. Ya habíamos dicho que los políticos nuevoleoneses mejor colocados en México comentaban en los altos niveles de la política nacional, que la Asamblea Popular era contraria a todos los principios universitarios y que la sociedad nuevoleonesa estaba tan dividida que nunca habría paz. Esto es, metieron a la mira del fusil político al gobernador Eduardo A. Elizondo.

 

La intervención del rector de la UNAM

El presidente Echeverría, preocupado con los informes militares y políticos recibidos, consultó el caso con el rector de la UNAM Pablo González Casanova, quien declaró que la Asamblea Popular debía desaparecer y que el gobernador Elizondo no entendía qué significaba la autonomía. Dijo que el uso de la fuerza policial contra estudiantes era anti constitucional y la idea era democratizar a las instituciones de educación superior no hacerlas más autoritarias. Y la metralla política contra Elizondo escaló al día siguiente 30 de mayo en boca del mismísimo secretario de gobernación Mario Moya Palencia quien señaló que “Nuevo León era un foco de inestabilidad para el país”.

 

La llegada de Bravo Ahuja, “el amigable componedor”.

Echeverría acababa de tomar cartas en el asunto enviando el 29 de mayo al secretario de educación y ex rector del ITESM Víctor Bravo Ahuja como su representante en el Estado de Nuevo León para resolver el problema universitario. De inmediato fue apodado como “El amigable componedor”, por los hábiles profesionales de la diatriba. Bravo Ahuja se instaló en un hotel de San Nicolás de los Garza, cerca de la Universidad y lejos de los poderes del estado. Se reunió con ex rectores y emitió la recomendación a Elizondo de que presentara una iniciativa derogando la ley.

 

El crimen del líder cetemista Rodolfo Gaytán

Esta estruendosa declaración coincidió en el tiempo con el asesinato a sangre fría del líder estatal de la CTM Rodolfo Gaytán, quien había apoyado con mucha fuerza a los estudiantes. Este crimen político prendió las alarmas en el área política del gobierno federal, y la conmocionada sociedad nuevoleonesa esperaba nerviosa las reacciones de las partes en pugna.

 

El último día de mayo, más de mil estudiantes bloquearon la Rectoría, impidiendo el pago a los trabajadores, y por instrucciones de Bravo Ahuja el rector Arnulfo Treviño abandonó la rectoría. “El amigable componedor” se comprometió con estudiantes y maestros a incrementar el subsidio federal a la universidad, el pase automático a las preparatorias y a gestionar la libertad a los detenidos en las manifestaciones y operativos policiales.

 

El gobernador Eduardo A. Elizondo decide renunciar

El primero de junio de 1917, el ingeniero Víctor Bravo Ahuja determinó que la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León presentaba problemas jurídicos que provocaban problemas sociales. Echeverría y Bravo Ahuja intentaron hablar con el gobernador Elizondo para recomendarle que simplemente propusiera la derogación de la ley y que el gobierno federal lo apoyaría a pacificar el estado. Pero Eduardo A. Elizondo ya había tomado su decisión: por congruencia renunciaría.

 

Así que el gobernador Elizondo no recibió los mensajes ni a los mensajeros. La respuesta de Bravo Ahuja fue presentar una iniciativa de Ley orgánica de la Universidad, redactada entre otros por el filósofo don Agustín Basave Fernández del Valle, que el Congreso del Estado inmediatamente la aprobó.

 

Texto íntegro de la renuncia

El gobernador escribió de su puño y letra en la biblioteca de su casa durante las primeras horas del 5 de junio de 1971 su renuncia que decía:

 

“CC. DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO. CIUDAD.

 

He recibido para su promulgación y publicación el Decreto del día de hoy, que contiene un conjunto de normas relativas a la Universidad de Nuevo León.

Con el respeto que ustedes me merecen, difiero radicalmente de los criterios que fundamentaron el decreto mencionado en consecuencia, expreso mi desacuerdo con los preceptos que contiene.

Estoy seguro de la buena fe que les animó para buscar una solución al conflicto existente; pero me parece que se sacrificó lo esencial en aras de una paz temporal que poco significa. En mi modesta opinión, el medio adoptado precipitará a nuestra Alma Mater en un abismo del que difícilmente podrá rescatarla las generaciones venideras.

Promulgar y hacer publicar el decreto referido significaría actuar en contra de mis convicciones de universitario y de ciudadano. Vetarlo, implicaría problemas sociales y políticos muy graves y complejos.

Ante tal situación, considero mi deber retirarme del honroso cargo que ostento, y que he procurado desempeñar aplicando a ello todas las fuerzas de mi cuerpo y todas las luces de mi entendimiento.

Sujeto a su digna consideración mi renuncia irrevocable al honroso cargo de gobernador de Nuevo León, que por voluntad popular asumí el 4 de octubre de 1967.

Deseo sinceramente que el futuro demuestre que estuve equivocado al juzgar los efectos de la medida legislativa en cuestión; nada me será más placentero que constatar El Progreso de la Universidad de Nuevo León, en beneficio de la comunidad en que vivimos.

Por conducto de esa representación popular, agradezco la amplia colaboración que he recibido de todos los sectores sociales. Les pido que me perdonen porque seguramente no pude cumplir plenamente la superación de Nuevo León, en beneficio de todos sus habitantes.

A los CC. Diputados al congreso del estado y a los integrantes del Poder Judicial del mismo, les expreso mi reconocimiento por las atenciones que me han brindado.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

LIC. EDUARDO A. ELIZONDO”.

 

Se presentó en el Congreso del Estado, que se ubicaba en el mismo Palacio de Gobierno, y leyó el documento. La tensión era muy grande, los medios de comunicación hicieron gala de coberturas en vivo y la sala de sesiones estaba repleta de seguidores de Elizondo que le pedían que no renunciara. Desde luego que la tensión nerviosa llegaba hasta las grandes oficinas políticas de la ciudad de México, pues temían lo que Elizondo pudiera declarar. El diputado José Treviño Faz se levantó de su curul para darle un mensaje escrito de una alta autoridad nacional -presumiblemente de Echeverría-, pero el gobernador Elizondo le retiró del atril la mano con que le entregaba la misiva.

 

El temor en las alturas políticas nacionales

El nerviosismo se explicaba porque conociendo el carácter firme de Eduardo A. Elizondo, podía denunciar las violaciones a la soberanía del Estado de Nuevo León, y que el gobierno federal tenía metidas las manos en el conflicto universitario. Afortunadamente para el Centro del poder político, Elizondo no acusó recibo de la presión federal y no mencionó ni a Bravo Ahuja, menos a Echeverría y a Moya Palencia. Pasados los momentos difíciles, mientras los antes preocupados se enfurecían, los enemigos de Elizondo sonreían porque desaparecía el contrapeso político local. 

 

En el mismo decreto del 5 de junio de 1971 a párrafo seguido tras admitir el congreso la renuncia de Elizondo, fue nombrado el senador Luis M. Farías como gobernador de Nuevo León. Y los mismos diputados que le pedían antes de la sesión a Elizondo que no renunciara, al llegar Luis M. Farías lo recibieron con actitudes y sonrisas festivas. 

 

Sin embargo, los problemas estudiantiles locales palidecieron ante los nacionales, pues entre las protestas por causas propias, en la Ciudad de México hubo una manifestación de apoyo a los estudiantes de Monterrey, que desencadenó en la matanza del Jueves de Corpus, que le costó la regencia del Distrito Federal a Alfonso Martínez Domínguez pero que al mismo tiempo inició un largo proceso de pacificación del país.

 

El licenciado Eduardo A. Elizondo se retiró de la vida pública y siguió trabajando en su despacho jurídico hasta que murió el 24 de febrero de 2005. De sus hijos, sólo Fernando Elizondo Barragán heredó su gusto por la política y ha ocupado entre otros cargos, el de gobernador interino del Estado. 

 

Fuentes:

Periódico Oficial del Estado, versión electrónica 1971

Informes de Gobierno, versión electrónica 1971.

Génesis y evolución de la Administración Pública de Nuevo León, Isabel Ortega Ridaura, versión electrónica.

Semblanza Histórica de la UANL, versión electrónica.

Congreso del Estado

 

Apuntes para la historia de Nuevo León, Leopoldo Espinosa Benavides, inédito